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ACS y Eiffage tendrán que indemnizar a España y Francia por la quiebra del AVE Figueres-Perpignan

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  • Madrid y París pedirán una indemnización a la concesionaria del AVE a Francia
  • Fomento acusa a TP Ferro, participada por ACS y Eiffage, de incumplir el contrato de la obra rescatada con dinero público

Francia y España reclamarán a TP Ferro (propiedad de ACS y su socio francés Eiffage) una indemnización por la quiebra de la concesionaria que explotaba la conexión ferroviaria de Alta Velocidad que une ambos países entre Figueres y Perpiñán, y que los dos Estados rescataron en diciembre de 2016, según aseguraron ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, tras la reunión que ambos mantuvieron en Madrid para abordar la conexión por AVE entre ambos países. “Quiero agradecer la magnífica disposición del Gobierno francés en dar solución a un problema que tuvimos que afrontar en el tramo entre Figueras y Perpiñán de la línea del AVE, que ha permitido que exista una comunicación fluida, y que un problema asociado a la empresa que estaba gestionando esta infraestructura no se haya traducido en un problema para el usuario. La Administración francesa ha sido ágil y muy colaboradora, y eso ha permitido que en estos momentos de lo que estamos hablando es de cuál va a ser la reclamación que los dos países vamos a hacer a la empresa en concepto de indemnización por la situación generada”, señaló De la Serna en la rueda de prensa conjunta que ofreció junto a su homóloga gala al término de la reunión.

La concesionaria asegura que no comparte el criterio de Fomento sobre la indemnización

La concesionaria aseguró “no compartir el criterio” manifestado por la ministra francesa y el titular español. “TP Ferro no comparte el criterio expuesto en su nota de prensa por el Ministerio de Fomento y así lo han venido manifestando reiteradamente tanto a la Administración española como la francesa”, indicaron en fuentes de la concesionaria, que añadieron que seguirán manteniendo su postura en los ámbitos en los que sea preciso.

De la Serna enfatizó que, tal y como acordó a finales del año pasado el Consejo de Ministros, no solo no corresponde indemnización alguna a la empresa concesionaria, sino que los servicios jurídicos del Estado están estudiando acciones jurídicas para reclamar una compensación a TP Ferro, el grupo que se adjudicó la concesión, por el retraso que causó la quiebra y el abandono del proyecto que tuvo que ser rescatado por ambos Estados en diciembre de 2016. El importe de esa indemnización será uno de los principales asuntos del orden del día de la reunión que diversos representantes de los Ministerios de Fomento y de Transportes español y francés mantendrán el próximo 14 de septiembre.

ACS y Eiffage, a través de TP Ferro, se adjudicaron en 2003 la construcción de la obra, con una inversión prevista de 1.000 millones, y su posterior explotación durante 50 años. Pero la concesionaria se declaró en quiebra por los retrasos acumulados y el escaso tráfico.

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