El congreso aprueba una proposición no de ley que solicita un régimen sancionador contra la morosidad

El congreso aprueba una proposición no de ley que solicita un régimen sancionador contra la morosidad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales, para su debate en Pleno.

Esta Proposición no de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada con 335 votos a favor y 2 abstenciones, por la que se insta al Gobierno a implementar medidas para establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos. La iniciativa que fue aprobada en los términos de una enmienda transaccional acordada entre el grupo proponente, Socialista, Ciudadanos y Esquerra Republicana.

Exposición de motivos

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social en diciembre de 2016, de las 2.855.617 empresas que hay en nuestro país, solo 4.251 son grandes empresas, aquellas que tienen 250 o más asalariados. El resto se distribuye en 1.543.272 autónomos sin empleados, 1.141.915 microempresas (1-9 empleados), 143.941 pequeñas (10-49 empleados) y 22.238 medianas (50-240 empleados).

Con esta estructura de nuestro tejido productivo, el control de la morosidad es especialmente relevante, ya que los impagos se transmiten con facilidad por la cadena de pagos con un efecto multiplicador negativo para la creación de riqueza y empleo.

Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de diciembre de 2016 publicado por CEPYME, la recuperación económica ha permitido reducir el periodo medio de pago, el porcentaje de crédito en mora y el coste del mismo por los menores tipos de interés. No obstante, siguen valorando el coste de la morosidad en 869 millones de euros, una cifra aún inaceptable que afecta a la mitad de las PYMES españolas, provocando en ellas tensiones de tesorería que acaban, en algunos casos, con reducciones de plantilla e incluso el cierre de la propia empresa.

El informe también incide en la relación negativa entre tamaño y periodo de pago, de manera que a medida que las empresas adquieren mayor dimensión, los plazos de pago a proveedores se dilatan (y viceversa).Esta correlación podría reflejar el diferente poder de negociación de las empresas según su tamaño, que permite que las empresas más grandes impongan períodos de pago superiores.

El Gobierno de España ha mostrado un firme compromiso con el control de la morosidad, en especial de las AAPP, compromiso que se materializó, entre otros, en la puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores con el objetivo de que Entidades Locales y Comunidades Autónomas pudieran cancelar las obligaciones de carácter comercial pendientes con sus proveedores y acreedores, inyectando en la economía de una forma directa más de 40.000 millones de euros.

Sin embargo, la morosidad comercial sigue estando presente y sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestras empresas junto a la disponibilidad de financiación como muestran las encuestas de Confianza Empresarial del INE.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

  • 1.) Estudiar medidas tendentes a establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos.
  • 2.) Llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía.

En la actualización del observatorio morosidad y pagos en el transporte del mes de febrero 2017 que nos dio FENADISMER

Los plazos de pago se sitúan en 90 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 73% de los clientes de los transportistas. La vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.

En relación a la encuesta llevada a cabo en el mes de Febrero de 2017, los resultados obtenidos son los siguientes:

  • Modalidades de pago: el medio de pago preferido por los clientes de los transportistas es en primer lugar el confirming (49%), seguido del pagaré (un 27%), de la transferencia (un 22%), y el cheque (un 2%).
  • Plazos de pago: el 73% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio, habiéndose producido un ligero aumento respecto al mes anterior en el grado de incumplimiento de los plazos de pago, ya que se situó en 90 días de media en Febrero, frente a los 88 días de media en Enero. Durante el año 2016, el plazo medio de pago anual se situó en 85 días de media.
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