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España es el tercer país europeo en el que las empresas tardan más en pagar sus facturas

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España es el tercer país de Europa en el que más tardan las empresas en pagar sus facturas, según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), elaborado a partir de los datos de Intrum Justitia.

Las empresas de Portugal, seguidas de las de Grecia, son las que más tardan en pagar sus facturas. En el lado opuesto se encuentran las operaciones B2B en Alemania, el país más “cumplidor” de Europa, seguido de Dinamarca y Austria.

En el caso de que el deudor sea la Administración Pública, no se aprecian diferencias significativas, ya que España sigue en los primeros puestos con los plazos de pago más extensos en una lista liderada por Grecia, Italia y Portugal. En este caso, Finlandia se sitúa como el país con la Administración más “comprometida” con el pago a sus proveedores, seguido de Reino Unido y Alemania.

Para la PMcM, este estudio por un lado, “demuestrael bajo nivel de compromiso y responsabilidad de las empresas y las administraciones públicas españolas a la hora de afrontar sus obligaciones de pago dentro de unos plazos razonables” y sin retrasos en comparación con el resto de naciones del norte de Europa, y por el otro, “manifiesta” la “falta de competitividad y formalidad” de las organizaciones españolas.

Directiva europea

Asimismo, este estudio “constata” la desigual implantación de la directiva europea sobre morosidad, cuyo objetivo es evitar que las empresas, especialmente las pymes, sufran pérdidas por retrasos en los pagos.

En este sentido, el pasado mes de febrero, la Comisión Europea abrió un expediente contra España por no aplicar correctamente la directiva. Esta advertencia de la UE busca que se aplique adecuadamente la directiva, fomentando la transparencia en lo relativo a las prácticas de pago por parte de la AA.PP y creando un entorno empresarial fiable para las empresas.

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, los datos recogidos confirman la “necesidad” de revisar la normativa de la directiva europea así como su aplicación y supervisión en los distintos países, incluyendo “medidas disuasorias” que ayuden a mejorar los plazos.

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