El Gobierno de Aragón luchará contra el dumping social en el transporte mediante inspecciones

El Gobierno de Aragón luchará contra el dumping social en el transporte mediante inspecciones

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José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, del gobierno de Aragon, se ha comprometido a luchar contra el dumping social en transporte a través de un mayor control de las inspecciones.

Soro se ha reunido este lunes con Tradime (Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón) para conocer las principales reivindicaciones y problemas en el sector. Ha calificado de muy “«fructífera, interesante y cordial»” la reunión, ha explicado que desde el Gobierno de Aragón no pueden actuar por “vía normativa” para acabar con el dumping social, ya que es una competencia estatal, pero se ha comprometido a trabajar en materia de inspección. Estas prácticas no sólo suponen unos sueldos más bajos y peores condiciones de Seguridad Social, “también son un riesgo en seguridad vial y social, por lo que compartimos la preocupación del sector y estamos a su disposición para trabajar conjuntamente en esta cuestión”.

Y ha adelantado que el Ejecutivo autonómico se encuentra en estos momentos tramitando un expediente disciplinario a una empresa cargadora en la que se ha denunciado este tipo de práctica. Soro ha indicado que la sanción a esta compañía podría superar los 70.000 euros, ya que se habrían detectado hasta 36 operaciones irregulares, mientras que para las empresas de los camiones podrían suponer unos 4.000 euros. “Creemos que esta sanción puede tener un efecto ejemplificador y desde el Gobierno de Aragón actuaremos para atajar este problema“.

El dumping social es uno de los principales problemas que azotan al sector del transporte hoy en día. Esta práctica se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios debido a la deslocalización de las empresas de transporte a la Europa del Este.

El presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, ha denunciado que “cada vez hay más empresas que recurren a este truco legal y que está provocando que haya trabajadores en unas condiciones ínfimas“, y ha agradecido “la sensibilidad” del Gobierno de Aragón sobre el expediente sancionador a la citada empresa sirva de ejemplo para que se opere de la manera más adecuada y correcta“. En este sentido, ha señalado que si no se pone freno al dumping social “lamentaríamos tener que recomendar a nuestros asociados que deslocalicen sus empresas para ser competitivos, no nos vale esa excusa, queremos trabajar aquí“.

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España(Fenadismer), las empresas deslocalizadas que llevan a cabo esta práctica controlan actualmente una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, osea que por cada camión extranjero que se contrata para prestar un servicio con el objetivo de ahorrar costes, son en torno a 20.000 euros que la economía española deja de ingresar al año. Mientras que un camión extranjero aporta cero euros a las arcas nacionales.

El consejero Soro mantuvo la semana pasada un encuentro de trabajo con el Ministerio de Fomento en Madrid, sobre la intención del Gobierno central a obligar a los vehículos pesados a circular por las autopistas, en el caso de Aragón, la AP-2 y la AP-68, con una bonificación del 50%, asumido el 25% por el Estado y 25% por las Comunidades Autónomas, recordando que en estos momentos la bonificación en Aragón es de un 75% por lo que no es lógico pensar en reducir esta cantidad cuando, además, será obligatorio circular por la autopista. El presidente de Tradime ha puntualizado que el sector “no puede asumir ningún coste más, pagamos los suficientes impuestos en diferentes materias como para asumir otro coste y de una infraestructura que durante tantos años se ha gestionado más que regularmente“.

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