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La Junta prefiere esperar a que se liberalice la AP-1

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AP-1 Castilla y Leon
  • El consejero de Fomento reprocha al ministro su ofrecimiento ante la prensa

Ni el mensaje ni las formas. Al consejero de Fomento de Castilla y León no parece haberle agradado el ofrecimiento del titular del Ministerio de forzar el desvío obligatorio de camiones de la Nacional I a la autopista AP-1 «siempre y cuando» sea la administración regional quien lo solicite y promueva el trámite. Íñigo de la Serna mostró la disponibilidad del Ministerio de Fomento a favorecer esta solución, igual que se aplicará en La Rioja en un caso similar, en declaraciones a la prensa durante su participación en un acto universitario en Santander, una comunicación informal y ante terceros que compromete a la Consejería, donde no ha caído bien esta salida del ministro.

El consejero castellano leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió ayer al ministro por la misma vía, en declaraciones a los periodistas durante un viaje a Soria dejando claro que la prioridad de la Junta actualmente es ocuparse de los 11.500 kilómetros de la red regional de carreteras –la N-I pertenece a la red estatal– y, recordando por otro lado, que la administración regional tiene la vista puesta más allá del tráfico de camiones por esa vía. Suárez-Quiñones insistió en que la Junta apuesta por la gratuidad de la autopista de peaje cuando finalice la concesión dentro de un año, en noviembre de 2018. La Junta toma partido, como lo han hecho los ayuntamientos por los que discurren la AP-1 y la N-I, así como diferentes formaciones políticas, adelantado su postura ante una decisión por parte del Ministerio de De la Serna y el Gobierno de Rajoy que si está tomada no ha sido comunicada aún, ahondando en la desconfianza de vecinos e instituciones, habida cuenta de las sucesivas prórrogas de explotación que le fueron concedidas a la adjudicataria del peaje, todas ellas bajo gobierno socialista.

No obstante, el responsable autonómico agregó que la Junta está abierta a cualquier planteamiento, siempre y cuando el Gobierno entienda que su prioridad pasa por atender las carreteras autonómicas. En este aspecto, recalcó, según recoge Ical, que el Gobierno regional vela por el buen estado de lo s 11.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, que se vieron afectadas por la escasez de recursos en la crisis económica, por lo que el esfuerzo se centra en mejorarlas.

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