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La liberalización de los autobuses que impulsa la UE costará 500 millones

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  • El Ejecutivo tendría que subvencionar las rutas no atractivas

La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha la maquinaria para liberalizar el transporte internacional de pasajeros por carretera, lo que pondrá fin de facto al sistema de concesiones de líneas de autobús que opera en España desde hace más de treinta años y amenaza con pasar una factura de 500 millones de euros al año a las arcas del Estado.

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La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de modificación del reglamento que regula el transporte internacional por autocar y que ha terminado afectando a los mercados interiores de países como España ya que contempla la liberalización total de todas las líneas de autobús que tengan más de 100 kilómetros de distancia entre paradas, lo que incluye a casi todas las rutas interurbanas que dependen del Gobierno (hay 83 y cada viajero recorre de media 193 kilómetros).

A su vez, el proyecto contempla que un regulador independiente será el que valore si conviene dar entrada o no a más de un operador en una ruta de menos de 100 kilómetros de longitud entre paradas. Es decir, será el que tiene que valorar si liberalizar el acceso a las líneas mejorará el servicio o afectará el equilibrio económico de la misma. En el caso de España, el regulador independiente es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que lleva desde 2007 propugnando la liberalización de los servicios regulares interurbanos de transporte de pasajeros por carretera.

Como ya se ha apuntado antes, esta medida obligaría al Ejecutivo a pagar unos 500 millones de euros al año, según sus propios cálculos, para asegurar el servicio de autocar en las rutas o tramos menos demandados o deficitarios. “Con el mercado liberalizado, si el Estado quiere que los operadores vayan a los pueblos tendrá que compensarlos económicamente. Ahora no le cuesta un duro pero si esto se lleva a cabo la modificación le pasará una factura de 500 millones, que es lo que tendría que pagar para compensar las obligaciones de servicio público“, explica a este diario Rafael Barbadillo, presidente de la patronal de autobuses Confebus. Y es que, el sistema concesional da la explotación en exclusiva de las rutas a un operador a cambio de que también se encargue de operar las líneas más deficitarias.

La oposición del Gobierno

Aunque la normativa está en un estado muy incipiente, el Gobierno y el sector ya se han movilizado para tratar de frenar o modificar la reforma de la ley del transporte por carreteras. “El Gobierno español está absolutamente en contra de que se haga. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está comprometido en la defensa del modelo español y esperemos que cambie durante la tramitación“, explicó Barbadillo a este diario aunque ve difícil que se modifique sustancialmente.

Llevamos mucho tiempo yendo por ahí y hablando con los comisarios y nos dicen que es mercado español funciona muy bien, que tiene unos precios muy competitivos y esta muy organizada la oferta pero que es un efecto colateral de lo que se quiere hacer en otros países con un mercado cerrado” sentenció el presidente de Confebus.

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