LA REALIDAD DE LA ESTIBA, EXPLICADA DESDE DENTRO

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Más de dos años han pasado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara contrario a derecho comunitario el sistema de estiba español. Tanto el largo período del Gobierno en funciones como la apuesta de la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, por una solución dialogada y pactada han dilatado el cumplimiento de esta sentencia.

Llegados a este punto, ya con Gobierno, los equipos de trabajo de sindicatos y patronal se pusieron manos a la obra con el fin de elaborar un texto que cumpliese con las exigencias de Europa y que no quebrantase la paz en los puertos. No obstante, lo hicieron en vano. Se les engañó.

El nuevo ministro Íñigo de la Serna, asesorado maliciosamente por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, niega el diálogo y rompe con todos los agentes implicados, poniendo en pie de guerra a los puertos españoles. El propio ministro verbalizó su intención el día 3 de este mes, cuando anunció que impondrían un decretazo en 30 días y con un cortísimo período transitorio, que acabará aniquilando miles de puestos de trabajo y, por ende, el bienestar de miles de familias. El ministro se remite, de un modo abstracto, a unas líneas rojas marcadas por la Unión Europea como si Europa dispusiera de una legislación comunitaria de la estiba.

Nada más lejos de la realidad, el Parlamento Europeo al aprobar la las regulaciones sobre transporte, ratificó la competencia nacional sobre la legislación de los servicios de la estiba. Asimismo, el ministro rehúsa el texto de consenso entre las partes implicadas que se le ha presentado y que cumple, sobradamente, las exigencias de la sentencia del TJUE, tal y como numerosos juristas han certificado. En síntesis, este Real Decreto Ley, que ha elaborado Llorca, es excesivamente más duro con los trabajadores que aquello que la sentencia europea de la estiba exigía.

Nocturnidad y alevosía

El Gobierno no solo pretende destruir la vida de miles de trabajadores, sino que también creará y fomentará las ETT o, lo que es lo mismo, el empleo mediocre y precario. De este modo, la cantidad de trabajadores y la calidad de su trabajo disminuirán de forma dramática en favor de unos beneficios económicos de las empresas a corto plazo.

Esto es: un Gobierno a los pies de las multinacionales. España se convertirá en el epicentro de servicios portuarios low cost europeos. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas estibadoras, claman por el acuerdo entre las partes al ministro, pero éste hace oídos sordos. Las PYME estibadoras saben que un decreto como el que quiere implantar Llorca será su sentencia de muerte. Solo habrá lugar para el poderoso. Es de esperar que las grandes empresas agradezcan al presidente de Puertos del Estado este movimiento.

La maquinaria está preparada. Algunos medios de comunicación hace tiempo que ya vienen demonizando a los estibadores mediante un gran número de hábiles falacias, escritos tendenciosos y un sinfín de afirmaciones que no se ajustan a la realidad para envenenar a la opinión pública y ponerla de parte del Gobierno. Aquí se incluye, por supuesto, las alusiones a unos salarios tan desorbitados como irreales que se les atribuyen a los estibadores. El Gobierno ya es sénior en esta práctica.

Evidentemente, hay un vacío informativo intencionado en algunos aspectos de la profesión del estibador. Su disponibilidad es absoluta, es decir, ha de estar disponible todo el año durante todos los turnos laborales, puesto que su trabajo está condicionado por los tráficos marítimos. Este condicionamiento conlleva que el estibador conozca con solo unas horas de antelación su turno de trabajo, por lo que, teniendo en cuenta que la rotación de los turnos es diaria, una adaptación estable a los horarios es imposible.

Por otra parte, además de los deterioros físicos y mentales, todo esto también impide una íntegra conciliación de la vida laboral y familiar. Diversos estudios indican, por ejemplo, que esta situación conduce al aumento del riesgo de padecer una enfermedad coronaria en un 40%. Asimismo, cada año se producen varios accidentes laborales de estibadores cuyo resultado es la muerte. Este desgraciado fenómeno sirve para poner de manifiesto la peligrosidad de las operaciones de manipulación de mercancías a la que se enfrentan los estibadores.

Otro de los vacíos informativos es en cuanto a la competitividad de nuestros puertos. Se argumenta que con menos gasto en personal se aumentará esta competitividad. No obstante, diversos estudios muestran que la nueva competitividad o ventaja competitiva en la economía del conocimiento viene otorgada por la reorganización de las estructuras empresariales (mayor horizontalidad y autonomía de decisión), la inversión en innovación, en TIC y en capital humano. Así pues, la devaluación de los salarios con el afán de competir (a la baja) en el nuevo mercado global es una actitud, cuando menos, ignorante y, evidentemente, cortoplacista.

La situación del comercio marítimo español es excelente y su tendencia, positiva. De acuerdo con Puertos del Estado, la deuda de los puertos se ha reducido en un 19%, la inversión privada ha crecido en el 2016 un 83% y los tráficos se han incrementado un 9,5%. No obstante, a esta capacidad de tráfico se le añade la gran productividad de los puertos españoles. A modo de ejemplo, el Informe JOC Port Productivity reconoció en 2014 al puerto de Barcelona como el tercero más eficiente de Europa, por detrás de Bremerhaven (Alemania) y Rotterdam (Holanda).

Esta eficiencia también se debe a la estiba española, que se revela altamente profesional y competitiva (véase Díaz Hernández et al., 2008 y 2009; o Martínez Budría, et al., 2011). Asimismo, las inversiones en intangibles, fuente de la nueva competitividad, por parte de las Autoridades Portuarias presentan una tendencia positiva. Todo esto da muestras claras de la buena senda del sistema portuario español. Senda, esta, que el Gobierno y el presidente de Puertos del Estado quieren abandonar.

Lapidar el sistema de estiba español no comportará más trabajo ni un abaratamiento de los bienes, que no se engañe a nadie, tan solo un mayor beneficio empresarial cortoplacista que para nada se trasladará a la sociedad.

La reforma de la estiba es necesaria para que España cumpla con los tratados europeos, pero debe hacerse de tal modo que no comprometa la calidad del servicio de manipulación de mercancías en nuestros puertos y siempre contando con el acuerdo y el diálogo entre las partes implicadas. Confiemos en que el Gobierno dé marcha atrás y permita que sindicatos y patronal alcancen el consenso.

Sergio Ballester Ivars  Ingeniero. Técnico Superior en Prevención y Estibador.
Fuente: Resultado de imagen para naucher global

 

 

 

Origen del conflicto

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia que obligaba al reino de España a “modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles“, bajo amenaza con imponer a España una sanción de 21 millones de euros.

El salario medio anual de un estibador puede alcanzar los 67.800 euros brutos al año y dada la peculiaridad del trabajo de la estiba (sólo se trabaja cuando llegan o salen barcos), suelen realizar de forma efectiva el 75% de su jornada laboral, circunstancias que se podrían ver afectadas por la reforma. La propuesta de los empresarios es bajar los sueldos un 60% hasta los 27.000, también quieren que trabajen 334 horas más al año, de las 1.540 de ahora que pasen a casi 1.900 horas anuales.

Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores. La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las estibadoras contratar libremente, y da para ello un periodo transitorio de tres años.

Según los estibadores, la reforma que prepara Fomento supondrá que los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras. Estas compañías “dispondrían de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratado al 75, 50 y 25%, respectivamente durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores portuarios de las SAGEP (Sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios)”. Es decir, “podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios”.

Si no se modifica el actual modelo de estiba, el Estado deberá pagar 134.000 euros al día por no cumplir la normativa comunitaria a partir del momento en el que se publique la segunda sentencia del Tribunal de la UE, “que está al caer” según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Borrador de Real Decreto-Ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

Borrador_Real_Decreto-Ley_Estiba_08_02_2017

 

Fomento y estibadores mantienen posturas totalmente enfrentadas tras la primera reunión

  • Los sindicatos fijan la creación de este registro de estibadores como su principal demanda para lograr un acuerdo sobre la reforma y desconvocar los paros convocados en los puertos a finales de mes,
  • Fomento asegura que dicho registro constituye una “línea roja”, dado que la Comisión Europa lo rechaza,
  • La Comisión Europea debe avalar la reforma de la estiba, dado que está motivada en el hecho de que no cumple con la normativa europea y, por ello, España se enfrenta a una posible sanción.
  • A pesar de mantener posturas totalmente opuestas, el Ministerio y los sindicatos de estibadores han mostrado su voluntad de seguir dialogando y se han emplazado a una reunión el próximo martes.

 

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