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Los grandes del autobús en España pelearán contra la liberalización que prepara la UE

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patronal del sector, Confebus,
  • 1.500 líneas regulares podrían abrirse a la competencia
  • El Estado se enfrenta a nuevas subvenciones para garantizar rutas deficitarias
J.F. Magariño
J.F.Magariño

Las mayores operadoras españolas del sector del autobús miran con recelo hacia Bruselas. La CE tiene en revisión el Reglamento 1073/2009 sobre acceso al mercado de servicios internacionales de transporte en autobús, con lo que podría darse un vuelco al actual sistema regulado (transporte público) con el que las distintas administraciones confían hasta 1.500 líneas regulares en España al sector privado. La relación entre ambos se establece a través de contratos de obligaciones de servicio público en forma de concesiones.Se ha activado la alarma entre las empresas afectadas y el asunto ha sido tratado en una junta directiva de la patronal del sector, Confebus, en la que se han aunado fuerzas para defender ante las autoridades comunitarias el modelo local basado en la competencia regulada.

El de la liberalización de las líneas de autobús es un tema que puede tomarse aún unos años hasta fructificar, pero está claro que la toma de posiciones ha empezado ya”, explica un alto directivo del sector. Mientras la revisión toma cuerpo en alguna otra figura sobre la que alegar o recurrir, a las compañías apenas les queda la opción de hacer lobby. “Ni el Gobierno ni las empresas hemos conocido el contenido de la revisión hasta hace unos días, por lo que los distintos Estados revisan aún la documentación para tomar posiciones”, explica el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo.

El transporte en autobús mueve 3.500 millones al año, de los que un 65% a un 70% responde al negocio regulado

Tanto la patronal como el Ministerio de Fomento tratarán de defender que la práctica española se ajusta al derecho de la Unión Europea. De hecho, el Gobierno ha flexibilizado recientemente el sistema concesional, bajando a diez años el plazo de explotación de las grandes líneas cuando antes se alzaba a una horquilla de 50 a 90 años, para adaptar el marco a requerimientos comunitarios. Pero la UE pide más apertura y se avista toda una liberalización que permita la libre competencia en líneas de más de 100 kilómetros, así como en trayectos menores cuando la entrada de nuevos jugadores no ponga en riesgo la viabilidad económico-financiera de los actuales contratos.

El centenar de grandes líneas concedidas por el Ministerio de Fomento tienen a Avanza, Alsa y Samar como dominadoras. Fuentes oficiales estiman que la facturación que se mueve en esas concesiones ronda los 350 millones de euros al año, prestándose servicios de movilidad a 2.075 ciudades y municipios del país.

Si la Secretaría General de Transporte administra el negocio de larga distancia, ayuntamientos y comunidades autónomas gestionan el resto de líneas en colaboración con decenas de adjudicatarias. Con un negocio más diseminado entre pequeñas y medianas empresas de transporte, las cifras de usuarios, poblaciones beneficiadas y kilómetros de red se multiplican. El sector del transporte de viajeros por carretera mueve 3.500 millones al año, de lo que un 65% a un 70% responde a servicios regulares.
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Entre estas medidas destaca la propuesta de modificación del Reglamento 1073/2009, sobre acceso al mercado de servicios internacionales de transporte en autobús y en autocar. Al respecto, a continuación resumimos las principales novedades que plantearía esta propuesta:

  • Con la revisión de este Reglamento, la Comisión Europea busca flexibilizar la creación de nuevos servicios regulares internacionales, liberalizar las operaciones de cabotaje para servicios regulares y ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a los servicios regulares nacionales de transporte en autocar para introducir nuevos servicios comerciales.
  • De este modo, la propuesta permitiría crear nuevos servicios regulares tanto internacionales como nacionales que transporte viajeros con distancias inferiores a 100 km salvo que se den una o varias de las siguientes situaciones: a) que la empresa solicitante no pueda prestar ese nuevo servicio; b) que la empresa solicitante no cumpla con normativa básica de transporte por carretera o que la haya violado (con especial atención a las normas sobre tiempos de conducción y períodos de descanso); c) que no se den las condiciones para la autorización del servicio en caso de que se trata de la renovación de autorización de un servicio preexistente, y/o; d) que se determine que ese nuevo servicio compromete el equilibrio económico de un contrato de servicio público.
  • También se permitirían crear nuevos servicios regulares tanto internacionales como nacionales que transporten viajeros con distancias que sean superiores a 100 km salvo que se den una o varias de las siguientes situaciones: a) que la empresa solicitante no pueda prestar ese nuevo servicio; que la empresa solicitante no cumpla con normativa básica de transporte por carretera o que la haya violado (con especial atención a las normas sobre tiempos de conducción y períodos de descanso), y/o; c) que no se den las condiciones para la autorización del servicio en caso de que se trata de la renovación de autorización de un servicio preexistente.
  • Igualmente, se propone establecer la figura de un órgano regulador independiente a nivel cada Estado miembro que se encargaría de vigilar el funcionamiento del mercado de servicios del transporte en autobús en cada país y que sería el encargado de examinar si el establecimiento de un nuevo servicio comercial regular nacional o internacional con distancias entre paradas inferiores a 100 km afectaría al equilibrio económico de un contrato de servicio público.
  • Otro aspecto que la propuesta busca abordar son los problemas de negativa de acceso a la estaciones de autobuses que se dan en algunos países de la Unión Europea cuando el titular de la estación rechaza que una empresa competidora pueda dejar y recoger viajeros en sus instalaciones.

La Comisión ha hecho un llamamiento a todas las partes interesadas para que colaboren estrechamente a fin de garantizar la adopción y aplicación rápidas de las diferentes propuestas y medidas, de manera que se puedan maximizar y obtener cuanto antes los beneficios para la industria, las empresas, los trabajadores y los ciudadanos de la UE.

La propuesta se trasladará ahora a los legisladores de la UE (Consejo y Parlamento Europeo) para tramitación legislativa y aprobación, abriendo así una fase de debate y negociaciones en estas instituciones para consensuar un texto legislativo final. Dicha fase de tramitación legislativa rara vez resulta inferior a los dos años en la práctica.

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Reglamento 10732009

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