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Revés judicial a la precariedad en las subcontratas logísticas de Opel

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CGT denuncia que más de mil empleados cobran 250 € menos al mes de lo que deberían. Una jueza impugna el convenio aplicado por Carreras y Prestalid en la planta de Figueruelas

La situación laboral de las subcontratas de logística de la planta de Opel en Figueruelas vuelve a estar en tela de juicio. Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número seis de Zaragoza ha impugnado parcialmente el convenio colectivo de Carreras Grupo Logístico por aplicar condiciones inferiores a las marcadas por los convenio sectorial de transporte y logística. Este revés judicial se suma a las dos sanciones anteriores de la Inspección de Trabajo contra dicha empresa y Colín SL (Grupo Sesé) por los mismo motivos.

El fallo judicial, que previsiblemente será recurrido por Carreras, anula que el convenio se aplique en todas las sedes de la compañía tiene en Zaragoza, salvo en la de Plazaque fue donde se pactó con el comité–, y lo reduce a «convenio de centro de trabajo», por lo que no tiene prioridad sobre el de transporte y logística. Además, declara nulas varias claúsulas por contradecir este mismo acuerdo sectorial.

Carreras no trabaja en la planta de Opel desde el pasado mes de octubre, cuando la empresa transportista decidió rescindir el contrato por el servicio de premontaje y secuenciación de los módulos de puertas y salpicaderos. El nuevo adjudicatario desde entonces es Prestalid (grupo ID Logistics), que ha seguido aplicando este polémico convenio.

La sentencia fue dada a conocer ayer por CGT, que denunció a Carreras y Sesé ante la Inspección de Trabajo por aplicar salarios inferiores a los marcados por el convenio de transporte, lo que dio lugar a sendas actas de liquidación por 60.000 y 180.000 euros, respectivamente, por las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas de menos, así como a infracciones de 3.000 euros a cada empresa. El sindicato está pendiente de que se resuelvan otras cuatro denuncias más contra subcontratas logísticas de Opel, algunas de ellas por el abuso de la contratación temporal, que ronda el 80% y 90% en estas compañías.

«A pesar de las infracciones y de la sentencia, las empresas siguen aplicando las mismas condiciones salariales porque les sale mejor pagar las multas», lamentó Santiago Arcos, responsable de CGT en Opel España, que señala a Opel como «responsable solidario» de esta situación. Por ello, el sindicato animó a los trabajadores a presentar demandas judiciales para resarcirse de este perjuicio económico, algo que solo han hecho unas 30 personas por «el miedo a perder el trabajo».

CGT estima que más de mil trabajadores de Prestalid (antes Carreras) y Sesé cobran unos 250 euros menos al mes de lo que les corresponde por el convenio de transporte, a lo que se suman 80 euros menos de cotización a la Seguridad Social. El ahorro total que logran estas empresas asciende, según el sindicato, a unos dos millones de euros anuales.

Las subcontratas de logística en OPEL – PSA se “ahorran” tres millones de euros anuales en salarios mediante convenios “ilegales”

Así lo ha denunciado este martes el sindicato CGT Aragón. Un problema que viene derivado de “unos convenios negociados de forma interna que se consideran ilegales e ilícitos porque no cumplen con los requisitos que marca el Estatuto de los Trabajadores […]”. Con ello se “ahorran” 250 euros por trabajador y mes.

De esta forma, y debido a las denuncias presentadas por CGT, los y las trabajadoras del Grupo Carreras y del Grupo Sesé en OPEL España verán aumentados sus salarios, y previsiblemente con efectos retroactivos desde la fecha de apertura de sus instalaciones en la multinacional.

Convenios “ilegales”

Concretamente, y según Arcos, las empresas que se dedican al terreno de la logística comenzaron a aplicar una “política muy agresiva” a partir del año 2016. Una de estas empresas -la primera de ellas- fue el Grupo Carreras, cuya “única intención”, según el portavoz de CGT, era la de “eliminar puestos directos” de OPEL España, al pasar determinados trabajos a ser realizados por personas de dicha subcontrata. Y todo ello debido a la aplicación de una serie de convenios que desde CGT califican como “ilegales”.

Para Aída Bosqued, asesora laboral en CGT Aragón, el problema principal viene derivado de “unos convenios negociados de forma interna que se consideran ilegales e ilícitos porque no cumplen con los requisitos que marca el Estatuto de los Trabajadores para tener prioridad aplicativa”.

Las actas de infracción levantadas por Inspección de Trabajo al Grupo Carreras y a la empresa Colin indican que deberían de aplicar en estas empresas un salario a sus trabajadores, como mínimo, equivalente al convenio del sector. Y sin embargo –continúa Bosqued- están aplicando unos salarios que vienen a ser un 25% o 30% inferiores a los que marca este convenio del sector”.

A pesar del levantamiento de dichas actas y una sentencia del Juzgado que reafirma la opinión de Inspección de Trabajo, “tanto Carreras como Colin, y la sucesora de la primera que es Presta-Lid –perteneciente al Grupo Logiters y que ya cuenta con presencia en la planta de Figueruelas-, siguen aplicando las mismas condiciones económicas que venían aplicando hasta el momento”.

¿Por qué, a pesar de las actas de infracción y la sentencia, siguen sin pagar a sus trabajadores y trabajadoras el salario que marca el convenio del sector? Porque a las empresas, a juicio de Bosqued, “les sigue saliendo más económico dejar de pagar. Pagan una sanción de 3.000 euros por un acta de infracción que corresponde a un año, comparado con lo que se ahorran en salarios… así que para ellas –la sanción- es algo insignificante”.

Un “ahorro” de 330 euros por trabajador y mes 

Todo esto, en números, se traduce de la siguiente manera: “Las empresas, por trabajador y mes se están ahorrando 250 euros de salario” y la cotización a la Seguridad Social equivalente a este salario viene a ser de 80 euros aproximadamente. Con lo que las empresas se están “ahorrando” 250 euros por trabajador y mes.

Finalmente, si dicha cantidad se multiplica por 1.000 trabajadores y trabajadoras -aproximadamente son las que se calculan de media en el sector de la logística- y por doce meses, ofrece un resultado de tres millones de euros anuales de “ahorro”. Que a su vez habría que multiplicarlo por cuatro años, que son los que lleva la empresa Colin, y por año y medio que estuvo Carreras en la planta de Figueruelas.

Una cantidad que supone un 70% del coste laboral y que, como recordaba Bosqued, “las empresas se lo ahorran pero quien lo paga y lo sufre es el trabajador”.

A pesar de todo, y aún teniendo en cuenta las actas de infracción levantadas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Juzgado de lo Social, las empresas deberían de abonar estas diferencias salariales por motu propio, pero como no lo hacen, la única vía que le queda al trabajador o trabajadora para cobrar lo que le corresponde es presentar una demanda judicial. “Pero, solamente se puede reclamar judicialmente los salarios dejados de percibir de un año para atrás –de fecha a fecha-. Con lo cual, cada día que pasa sin que el trabajador o la trabajadora demande, es un día de salarios que se ahorra la empresa”.

Desde CGT advierten, además, que aunque esta cuestión afecta únicamente a la subcontratación de la logística –el terreno más externalizado dentro de OPEL por el momento-, existen varios campos que ya se han comenzado a externalizar, como son el mantenimiento general, limpieza, calidad e incluso algunas ramas de la producción.

No podemos consentir que las externalizaciones tengan como resultado la precariedad y la vulneración de derechos de los y las trabajadoras, ni que las empresas salgan beneficiadas de sus incumplimientos legales aprovechándose de la cultura del miedo que se impone condicionada a las contrataciones”, aseveran desde el sindicato.

Tampoco es comprensible –añaden- que desde la Administración se estén premiando con subvenciones al Clúster del Automóvil siendo conocedoras todas las partes de la situación que se está produciendo”. Por ello, invitan a la multinacional OPEL y a la propia DGA “a actualizar sus códigos de responsabilidad social corporativa, por responsabilidad con Aragón y con la clase trabajadora, pues hasta hace muy poco anunciaban dar subvenciones a dichas empresas”.

Impugnación de convenios

Por otro lado, el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón interpuso una demanda de impugnación por “ilegalidad” del convenio colectivo de la empresa Carreras para la zona de Zaragoza, y cuya sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de la capital aragonesa –del pasado 28 de marzo- le quita validez como convenio colectivo de empresa, reduciéndolo únicamente a convenio de centro de trabajo. Por tanto, y según la sentencia, no tiene prioridad aplicativa sobre el convenio del sector de la logística en la zona de Zaragoza.

Del mismo modo, también declara nulas varias cláusulas de este convenio colectivo por “contradecir” el propio convenio del sector de la logística en la mencionada zona.

CGT DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LAS SUBCONTRATAS DE OPEL-PSA

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