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Seis empresas estibadoras y cinco sindicatos sancionados por los acuerdos para restringir la competencia en el Puerto de Vigo

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  • Prohibieron las labores de embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular a trabajadores que no fueran estibadores.
  • Los pactos para la recepción y entrega de mercancías excedieron la reserva legal de la estiba y no respetaron la liberalización recogida en la Ley 33/2010.
  • Las sanciones impuestas a las seis empresas se elevan a 3 millones, mientras que a los cinco sindicatos son de 431.000 euros.

Seis empresas estibadoras y cinco sindicatos han sido sancionados por pactar acuerdos que restringían la competencia en el Puerto de Vigo, encarecían precios y le hacían perder competitividad. Dichos pactos impedían el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular y la recepción y entrega de mercancías por parte de trabajadores que no fueran estibadores. Todo ello en contra de la legislación aplicable, que otorga libertad a las empresas para  decidir la composición de su fuerza laboral en las actividades excluidas del régimen de la estiba. (S/DC/0596/16).

Este expediente se inició a partir de una comunicación realizada por la Autoridad Portuaria de Vigo, que previamente se había dirigido a Puertos del Estado, y en la que denunciaba el acuerdo extraestatutario alcanzado entre varias empresas y sindicatos.

Tras la investigación, se han sancionado los dos acuerdos suscritos en 2010 y 2013 entre la Autoridad Portuaria de Vigo, la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) de Vigo, cinco empresas estibadoras (que son accionistas de dicha SAGEP) y cinco sindicatos. La CNMC considera que son acuerdos colusorios anticompetitivos y tipificados como una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Se trata, por tanto, de una infracción muy grave (art. 62.4.a de la LDC).

La conducta sancionada consiste en adoptar acuerdos para reservar en exclusiva para el personal de la SAGEP de Vigo la contratación de trabajadores para prestar los siguientes servicios:

  • (i) embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular, 
  • (ii) de recepción y entrega de mercancías, desde la entrada en vigor de la Ley 33/2010, con exclusión de otro tipo de trabajadores.

Las 6 empresas estibadoras sancionadas son:

  1. Líneas Marítimas Españolas SA, 199.276 euros.
  2. Bergé Marítima SL, 1,480 millones de euros.
  3. Estibadora Gallega SA, 42.412 euros.
  4. Terminales Marítimas De Vigo SLU , 700.000 euros.
  5. S. A. de Gestión de Estibadores Portuarios de Vigo, 100.000 euros
  6. Pérez Torres Marítima SL. 490.000 euros.

La suma de las multas que se les ha impuesto se eleva a 3 millones de euros.

Los 5 sindicatos sancionados son:

  1. Unión General de Trabajadores (UGT), 170.000 euros
  2. Comisiones Obreras (CC.OO.), 170.000 euros
  3. Confederación Intersindical Galega (CIG), 70.000 euros.
  4. Confederación General del Trabajo (CGT) 20.000 euros.
  5. Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios – Organización de Estibadores del Puerto de Vigo (CEEP-OEPV)1.000 euros.

En conjunto se les ha multado por 430.00 euros.

La CNMC conoce la relevancia del derecho a la negociación colectiva como herramienta que permite a los trabajadores defender sus interesesSin embargo, en este caso no se trata de acuerdos que regulan condiciones laborales, sino el intento de extender una reserva legal (la actividad de la estiba) a ámbitos en que no son de aplicación porque están liberalizados.

De esta manera, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal  de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) español, los acuerdos examinados no pueden considerarse convenios colectivos, dado que no regulan las condiciones laborales de los trabajadores de SAGEP sino la organización interna de las empresas estibadoras.

Mediante tales acuerdos se impedía que estas empresas estibadoras decidieran de forma independiente su organización interna y los trabajadores que podían  contratar para desarrollar los servicios que prestaban en el puerto. En especial, la carga y descarga de vehículos de motor, servicio que no está reservado a los estibadores. Además, esta limitación constituía un obstáculo para la prestación de servicios portuarios básicos por parte de empresas distintas de las firmantes del acuerdo y por trabajadores que no fueran estibadores.

La CNMC considera que dichos pactos tampoco son un acuerdo interno de la SAGEP, decidido exclusivamente entre sus accionistas (empresas estibadoras) y los empleados representados en el comité de empresa. Por el contrario, se trata de un acuerdo entre empresas independientes que compiten entre sí (las empresas estibadoras accionistas de la SAGEP) que deben decidir su organización autónomamente y al que se sumaron los sindicatos y la Autoridad Portuaria de Vigo. Los acuerdos no regulaban las condiciones laborales de los trabajadores de SAGEP sino que limitaban la organización interna de empresas competidoras y los servicios que podrían prestar trabajadores no incluidos en SAGEP.

En 2009 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sancionó un acuerdo similar (IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria) entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y varios sindicatos: Confederación Intersindical Galega (CIG), Coordinadora estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y Laginle Abertzaleen Batzordeak (LAB). En la revisión judicial de esta resolución sancionadora tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmaron la infracción declarada al considerar que el “IV Acuerdo” desbordaba el marco estrictamente laboral de los convenios colectivos. El motivo fue que extendía su ámbito aplicativo subjetivo y funcional a actividades complementarias realizadas por empresas no estibadoras. Tal como sucede en los acuerdos ahora sancionados, el “IV Acuerdo” también incluía cláusulas que tenían por objeto restringir la competencia en el mercado de los servicios portuarios complementarios que afectaban a todos los puertos de interés general en beneficio de las empresas de estiba.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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