Tradime inicia una campaña para denunciar la competencia desleal en el sector

Tradime inicia una campaña para denunciar la competencia desleal en el sector

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La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) ha puesto en marcha una campaña para denunciar el dumping social en el sector. La campaña incluye la difusión de varios vídeos por redes sociales donde se explica la problemática del dumping social en el sector del transporte, así como folletos explicativos y recaudación de apoyos entre agentes económicos y administraciones para poner solución a esta competencia desleal.

El presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, señala, que la Alianza por la Carretera contra el dumping social que ha llevado a cabo Francia y otros ocho países europeos para buscar soluciones conjuntas para luchar contra esta práctica, es “necesaria e imprescindible para luchar contra las empresas que abusan de las condiciones laborales de sus trabajadores”.

  • el objetivo de la campaña es dar visibilidad a uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector del transporte actualmente, que afecta a miles de trabajadores y que supone un grave perjuicio económico para muchas familias”.
  • También se pretende concienciar y buscar el apoyo de la ciudadanía, partidos políticos y agentes económicos para acabar con esta práctica
  • Exigir al gobierno “medidas urgentes que defiendan los intereses de los trabajadores y empresas del sector en nuestro país

Con esta campaña se quiere también exigir a las administraciones públicas que se apliquen las directivas europeas en el derecho español ya que nueve países europeos, entre ellos España, todavía no han adoptado las medidas necesarias para adaptar la legislación vigente a la nueva normativa sobre el desplazamiento de trabajadores que ha establecido el Parlamento Europeo.

 

Muchas compañías de transporte españolas han abierto empresas buzón o subcontratado a otras en Europa del Este. De este modo, se benefician de las legislaciones laborales y sociales de esos países, mucho menos protectoras y más ventajosas para las empresas que las leyes españolas. “No hay más que fijarse en los datos del salario mínimo interprofesional: 707 euros en España frente a los 276 euros en Rumanía, el principal país exportador de transportistas” y este ahorro en los costes “les permite competir en condiciones ventajosas con el resto de empresas que operan desde España que no pueden asumir esos precios, ya que significa trabajar por debajo de sus propios costes”. “Esta situación de desagravio para las empresas locales repercute en el trabajo de miles de transportistas, sus familias y desprestigia la figura de la profesión

La normativa europea de cabotaje permite que los transportistas de la Europa del Este que vengan a España a dejar mercancías, puedan realizar posteriormente hasta tres operaciones dentro del país en siete días antes de volver a su país de origen. “Amparados en esta normativa, muchas empresas transportistas utilizan a estos conductores para mover sus mercancías, pero aplicándoles los costes laborales de su país de origen“,

Pero este problema no es exclusivo de España, se da en prácticamente toda la Unión Europea. Recientemente, Francia, Italia, Bélgica,….. han conseguido sacar adelante una ley que regule esta situación, obligando a las empresas de los países miembros de la UE, cuando mandan transportistas a sus países han de cumplir las condiciones laborales de estos.

Desde Tradime remarcan además que por cada camión extranjero que se contrata para prestar un servicio con el objetivo de ahorrar costes, “son en torno a 20.000 euros que la economía española deja de ingresar al año, mientras que un camión extranjero aporta cero euros“.

La mayor presión fiscal que sufren las empresas de transporte en España frente a las de Europa del Este, unido a la falta de incentivos para la inversión, la excesiva burocracia o la complejidad del sistema tributario, son “los principales puntos débiles de una empresa de transporte española, que poco puede hacer, ante la falta de una normativa que permita frenar la competencia desleal“.

Si un vehículo no se encuentra en buen estado o no cuenta con la ITV en vigor, será una responsabilidad muy grave que pone en peligro no sólo la vida del conductor, también la del resto de conductores.

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