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Transportes Souto cesa su actividad dejando en completa indefensión a sus asalariadas y asalariados

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prácticamente tiene parada su actividad
  • Un triste escenario de indefensión laboral.
  • CCOO: Hay que buscar soluciones urgentes.

CCOO: Hay que buscar

Desde la semana pasada la empresa Transportes Martínez Souto SL, empresa de matriz gallega del sector de transporte de mercancías, prácticamente tiene parada su actividad, limitándose la misma a pequeñas tareas de recogidas de pedidos devueltos.

Esta sorprendente e improvisada situación con las característica de un “cierre patronal“, la falta de explicaciones dadas por los responsables, y que a día de hoy ya se adeudan nóminas a la plantilla, vuelven a dejar un triste escenario de indefensión laboral, donde el tiempo asfixia a las personas trabajadoras afectadas, y perjudica en la realización de una salida con garantías, organizada y negociada, sin pérdida de derechos indemnizatorios por posibles responsabilidades.

Como si de un “dejavú” se tratará, escenarios conocidos dentro de las empresas de transporte de matriz nacional, vuelven a darse. En este caso es otra de las emblemáticas del sector, la empresa Transportes Martínez Souto, la que anuncia, por sus hechos, que no por sus comunicaciones, el cese de la actividad.

Muchas similitudes en la actuación con otras empresas del transporte

Y es que las condiciones en las que se están desarrollando los acontecimientos, guardan paralelismo y similitudes ya conocidos en los casos de Transportes Cobo, Transportes Ochoa y sobretodo Transportes Buytrago. Empresas que al igual que Martínez Souto, con actividad de transporte rentable, han hecho una fuerte inversión en patrimonio inmobiliario, ocasionándose asimismo una deuda que ahora les lleva a no poder responder a los pagos estipulados, generándose una situación de insolvencia.

También guarda relación con sus predecesoras, en la instrumentalización que de la Ley Concursal se hace, utilizándola de manera fraudulenta, y como una línea de seguridad para poder eludir las responsabilidades de no haber reconocido un problema a tiempo, dado que la situación concursal está solicitada con posterioridad al cese de actividad.

Situación concursal que por otra parte tampoco se ajusta a la figura legal que dentro de las posibilidades que ofrece la Ley Concursal realmente se debería haber instado, como es la de un concurso de liquidación, con pérdida de facultades organizativas y ejecutivas sobre la empresa de sus Administradores Sociales. Sorprendentemente y con la empresa cerrada, Martínez Souto ha solicitado entrar en preconcurso de acreedores, figura que la Ley Concursal habilita a los efectos de buscar la viabilidad de las empresas, viabilidad que  evidentemente dichos Administradores Sociales, por sus actos, han negado.

Esta situación presupone que los Administradores Sociales, ya sin actividad, probablemente también en corto plazo, ya sin sus trabajadoras/es, estén durante tres meses, que la Ley permite ampliar a cuatro, sin la figura del Administrador Concursal, siendo ciertamente necesaria la intervención judicial desde el primer momento, ante el hecho de que a pesar de haber cerrado “el grifo” de entrada de dinero  por servicios futuros, al haber dejado de servir a sus clientes, ciertamente al igual que cualquier empresa de servicios de este sector, tiene una facturación pendiente por servicios prestados que deberían engrosar la masa del concurso y evidentemente servir esta para satisfacer los créditos conforme se dictamina en la propia Ley Concursal: contra la masa, por su vencimiento y por orden de privilegio, donde trabajadoras y trabajadores son considerados como privilegio general.

Asimismo, con esta actuación, este impedimento de que entre de inmediato la Administración Concursal, redunda en el perjuicio contra los asalariados y asalariadas, ante el hecho de que la deuda salarial ya generada a día de hoy, tampoco puede ser certificada para solicitar su abono adelantado al FOGASA.

También perjudicial será el hecho de, supuestamente, negociar la salida de trabajadoras y trabajadores en un ERE fuera del concurso de acreedores, que supondrá que las indemnizaciones resultantes de la salida no puedan ser calificadas de créditos contra la masa, tal y como por situación real de la empresa debiera corresponder.

Además, y precisamente en cuanto a la convocatoria de un ERE a la que la empresa está abocada, sino quiere seguir incurriendo con esta dejación de funciones en la suma de irregularidades ya detectadas, y también, por lo hablado con los distintas representaciones sindicales y trabajadoras/es de  la empresa, a día de hoy no consta fehacientemente convocatoria que se ajuste a lo establecido legalmente a los efectos de constituir mesa negociadora e iniciar el mes de periodo de consultas.

Otra irregularidad mas que parece apreciarse, es el hecho de que la empresa en lugar de entregar una carta de permiso retribuido que permita a su personal trabajador sin actividad ausentarse del puesto de trabajo, en su lugar les ha comunicado que cubran las pocas expectativas de trabajo de manera rotativa, y sin criterio organizado por la propia empresa, siendo el resto de tiempo no utilizado para cubrir la poca actividad que ha quedado, imputable contra la liquidación que por vacaciones no disfrutadas pudiera corresponder en el momento de la salida.

CCOO, como en ocasiones precedentes, abogará por la defensa de todo el colectivo de personas trabajadoras que trabajan en la empresa Transportes Martínez Souto, 650 en número aproximado, distribuidos en unos 40 centros de trabajo, muchos de ellos sin representación sindical al ser centros con menos de los 6 efectivos que pide la Ley para poder nombrar representantes legales de trabajadores.

Lógicamente, y dada la situación provocada por las decisiones empresariales tomadas hasta la fecha, estamos ante un panorama de búsqueda de soluciones urgentes, que por un lado  permitan sacar a los empleados y empleadas de Transportes Martínez Souto lo más rápidamente posible del “limbo” laboral en el que se les ha colocado, y que supone no ser parado ni ocupado, no cobrar de la empresa, ni del INEM, y en definitiva no poder estar en situación de búsqueda de empleo activo. Y de otro, buscar fórmulas, negociadas o no, de salida, que en caso de detectar responsabilidades indemnicen adecuadamente por el perjuicio acarreado, y garantice la ejecución de dichas indemnizaciones en la liquidación de la compañía.

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