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Transportes Souto solicita concurso de acreedores tarde e inoportunamente

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Desde el día 28 de marzo, Transportes Martínez Souto se encuentra en concurso de acreedores de liquidación con la consecuente pérdida de las facultades de sus Administradores Sociales, casi dos meses después de cesar su actividad completamente. Este ahora sobrevenido hecho, ha imposibilitado que el inicio del periodo de consultas del ERE, que estaba programado para iniciarse el 3 de abril, se pudiera celebrar tras dos meses de demora deliberada por parte de de esta mercantil gallega en su convocatoria, añadiendo mas sufrimiento a sus trabajadores y trabajadoras.

Impotencia e indignación serían únicamente dos de los calificativos que están en la mente de la plantilla de Transportes Souto. Probablemente los más suaves y educados que se pudieran decir ante la concatenación de decisiones que los dueños y responsables de esta empresa están tomando desde el cese de actividad.
Decisiones que por supuesto no están teniendo en cuenta la dramática situación en la que se encuentran un colectivo que prácticamente llevan sin cobrar lo que va de 2018, y se le adeudan cantidades todavía de 2017.

Como ya hemos ido informando desde CCOO, la empresa Martínez Souto lleva dos meses con su plantilla parada, y sin tomar las decisiones oportunas y legales ante una decisión de cese de actividad como la que de manera sorprendente eligieron en Febrero.
La primera fue “disfrazarsu situación, reconocible y reconocida, de inviabilidad, ampararse fraudulentamente en una solicitud de preconcurso de acreedores, en un momento en que como fruto de su decisión, la empresa ya no tenía la viabilidad que requiere esta figura legal contemplada en la Ley Concursal, y obviando en ese momento solicitar la única salida legal posible, cómo era la de solicitar directamente el concurso de liquidación.

La última, solicitar, ahora si, el concurso de acreedores el pasado día 26 de marzo, y  que ha sido admitido por el juzgado mercantil nº 2 de Pontevedra solo dos días después de dicha solicitud. Situación que ha conllevado como consecuencia fundamental, la paralización del periodo de consultas del ERE al que la empresa había convocado solo tres días antes, el 23 de marzo.

En este punto cabe preguntarse ¿para que convocaron previamente, si era evidentemente que la entrada en concurso paralizaría la tramitación del ERE?. La respuesta es sencilla, nueva “cortina de humo” para intentar convencer a futuros juzgadores de que las actuaciones empresariales  han sido las correctas y ajustadas a derecho, obviando si estas se han realizado en tiempo y en forma.
Evidentemente, no es creíble que la empresa no conociera las consecuencias que su decisión de entrar en concurso de liquidación tenía, evidentemente ya tardía en el momento actual, y con el ERE convocado, convirtiéndose en una decisión, califiquémosla de mínimamente  “inoportuna” para cumplir con el objetivo de extinguir los contratos de sus trabajadoras y trabajadores.
Ni la empresa tiene excusa, ni sus asesores mercantiles tampoco, en la responsabilidad de haber paralizado la tramitación del necesario ERE que dé salida al colectivo de empleadas/as de Souto, del “limbo laboral” en el que se les ha colocado.

Ahora con los empresarios con sus facultades organizativas suspendidas, y la empresa tramitando su destino final con supervisión judicial, el ERE es competencia del juzgado mercantil, y la posición de los empresarios ha de ser ocupada por el Administrador Concursal que se nombre desde dicho juzgado.
Este  contexto es más grave, si cabe, ante el hecho de que los representantes de los trabajadores de la mesa de negociación se enteraron el mismo día 3 de abril, fecha fijada para el inicio del periodo de consultas,  a los que junto con sus asesores, se les quedó cara, digamos que de “circunstancias“.

Esta nueva situación, y con el impago ya de tres nóminas, ciertamente genera todavía más indefensión al colectivo de trabajadores. Ahora acortar plazos, pasa por conseguir acuerdos rápidos, que permitan una salida ordenada de la plantilla de la empresa,  y poder al menos darse de alta en el INEM para poder cobrar prestaciones de desempleo, que ahora mismo tienen bloqueadas.
Desde luego que esta tramitación urgente es perjudicial para la representación de los trabajadores, dado que no se podrá desplegar un periodo de consultas con la tranquilidad necesaria para la negociación, y pudiendo conllevar que el conjunto de razones, causas y responsabilidades del porqué Souto ha llegado a esta situación, pudieran quedar diluidas, o al menos sus efectos futuros cuando se diriman tanto en la liquidación como en la calificación del concurso, no repercutan de manera favorable sobre las indemnizaciones de los trabajadores/as.

Otra consecuencia negativa mas, será la del poco recorrido que una negociación en un ERE concursal tiene, donde las posibilidades de mejorar la indemnización mínima legal de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades, solo sería posible a través del ahorro demostrable que una rápida extinción laboral tiene sobre la deuda del concurso. Y en este caso, cabe recordar que los salarios no se estarán pagando, pero evidentemente si se siguen debiendo y en consecuencia están aumentando la deuda concursal día a día.
También habrá que estar a los efectos positivos que la entrada en concurso producen. En este sentido, los salarios del concurso pasan a ser prioritarios en su pago desde la fecha de 30 días anteriores a la del Auto que autoriza el concurso, con los límites del doble del SMI que la Ley Concursal recoge. Pero para que se dé este efectos positivo habrá que esperar a que entre el Administrador Concursal e informe sobre el líquido real que existe a día de hoy para hacer frente a estas obligaciones salariales. Y mucho nos tememos que  tras un innecesario periodo en el que la empresa ha estado en preconcurso de acreedores, sin supervisión judicial de su patrimonio y de la facturación pendiente, este sea insuficiente.
Asimismo, y como efecto positivo, está el hecho de que habrá de certificarse los salarios adeudados para su correspondiente tramitación ante el FOGASA, dada la presunta insolvencia actual generada en la empresa.

Desde CCOO estaremos en el apoyo a este colectivo de trabajadores y trabajadoras a los que su empresa ha dejado desamparados, y que desgraciadamente no es la primera. Los precedentes de Buytrago, Ochoa o Cobo, con recorridos similares que han dejado huella de la indefensión que supone la actual Ley Concursal  para las personas asalariadas y los acreedores en general, a excepción de cuando este es un banco.

Necesarias reformas necesita esta Ley Concursal, desquilibrada entre los derechos del concursado y sus acreedores, que utilizan los primeros la mayor parte de las veces como línea de seguridad en la que ponerse a salvo, y sin ninguna intención de reestructurar  su deuda y buscar viabilidad.
Asimismo una ley en la que se sustentan amplios emolumentos que reciben las ahora empresas que se dedican a este “negocio“, donde unas veces eres Administrador Concursal y otras eres asesor de empresas concursadas. Eso si, todo legal, y de ahí que se precisen cambios donde las responsabilidades se correspondan con las cuantías que se cobran, y además con prioridades de cobro.

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